Gasoductos, más que piedras en el camino/El conflicto por el Proyecto Integral Morelos

La revolución del Shale Gas está cambiando el mapa geopolítico de la energía en el continente. En México, las inversiones en gasoductos se han convertido en una prioridad porque es necesario traer de Estados Unidos el energético que se considera el más barato del mundo.  La reforma al sector de la energía podría darle a México la posibilidad de aprovechar el Shale Gas que, hasta ahora, no se puede extraer por falta de recursos.

Por ello, el desarrollo de esta infraestructura es fundamental pero no se concreta tan rápido como lo desearían las autoridades de Pemex que dirige Emilio Lozota Austin o de la Comisión Federal de Electricidad a cargo de Francisco Rojas.

En la zona centro del país, el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM) incluye contratos con las españolas Abengoa que en México opera bajo la responsabilidad de Enrique Barreiro  y con Elecnor que preside Juan Landecho.

El desarrollo de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huesca  y un gaseoducto se enfrenta a problemas vinculados con la inconformidad de algunas comunidades cercanas a la zona en la que se introducirán los ductos para el transporte de gas natural. Abengoa y Elecnor son empresas expertas en obras de ingeniería de alto nivel pero no han logrado cerrar la pinza de la llamada “licencia social” y los conflictos para el tendido del gaseoducto representan complicaciones para su obra.

El contrato para la construcción de la termoeléctrica se cerró en 440 millones de dólares para Abengoa y en 175 millones de dólares para Elecnor. El conflicto se encuentra en que cada hora de retraso significa incremento en el costo y en el financiamiento. ¿Quién pagará por ello? Ya la Auditoría Superior de la Federación que representa Javier Portal ha advertido sobre este problema.

El gasoducto de 160 kilómetros que se construirá en los estados de Tlaxcala que gobierna Mariano González, Puebla bajo la responsabilidad de Rafael Moreno Valle y Morelos en donde el Poder Ejecutivo lo encabeza Graco Ramírez ha despertado la preocupación de los ejidatarios y habitantes de las zonas aledañas al proyecto.  Y aunque el gas natural ha demostrado que constituye un combustible seguro, legisladores sostienen que en las comunidades no se informó adecuadamente. A nivel municipal, se argumenta, que tampoco se notificó sobre los estudios de impacto ambiental con los que debe contar este proyecto. Ya se acumulan varios meses de retrasos y aunque la CFE asegura que ya se modificó el trazo por el cual se construirá el gasoducto, la inconformidad sigue presente a causa de una mala gestión ante la comunidad e información oportuna sobre los riesgos y beneficios del proyecto.

Anote usted que la CFE habría demando ya a un grupo de ejidatarios por su oposición a la obra. La cantidad que estaría demandando la CFE asciende a 50 millones de dólares.